ODEBRECHT opera en Ecuador desde gobierno socialcristiano de León Febres Cordero

ODEBRECHT opera en Ecuador desde gobierno socialcristiano de León Febres Cordero

2017-06-18 09:47:27 | Política Nacional

Son 30 contratos firmados desde su llegada en 1985 entre empresa brasileña e instituciones públicas

La constructora ODEBRECHT se encuentra en el centro de la controversia a nivel nacional y global luego de revelarse la red de corrupción a través del pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para hacerse de contratos. La Agencia de noticias Andes publicó un repaso de la historia de ODEBRECHT en Ecuador desde su llegada al país.

El medio indica que la constructora brasileña ODEBRECHT llegó al Ecuador con un sistema de contratación ligado a préstamos del Banco de Desarrollo de Brasil, BNDES. Su primer acercamiento fue en el gobierno de León Febres Cordero en 1985 para construir el Trasvase a Santa Elena.

Además, indica que existen 30 contratos firmados por la constructora extranjera e instituciones públicas del Ecuador desde su llegada. 14 están registrados en el Servicio de Contratación Pública, es decir se firmaron 14 en el gobierno de Rafael Correa, entre 2007 - 2017. El resto, 16, se firmaron en gobiernos anteriores.

La Comisión auditora de la deuda externa, conformada en el gobierno de Correa, detectó irregularidades en cuatro contratos firmados antes del 2008. Estos son: el contrato para la construcción del trasvase Daule-Santa Elena, en el gobierno de Febres Cordero; para la construcción de la hidroeléctrica San Francisco; para la construcción de la vía Interoceánica, y para el trasvase La Esperanza.

Trasvase Daule-Santa Elena

Para 1985 se inició el proceso para la construcción de esta obra a cargo de la Comisión para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE), entidad donde se encontraban los hombres de confianza de León Febres Cordero, como su director Gustavo Gross.

En 1986, Xavier Ledesma y Fernando Larrea, los entonces integrantes de la Izquierda Democrática, denunciaron un sobreprecio de US$80 millones de dólares en la licitación. Ambos acusaron a los funcionarios de la CEDEGE de favorecer a la compañía brasileña y luego de esa demanda, el contralor de esa época suspendió el contrato hasta verificar la denuncia.

Para 1987, la CEDEGE reinicia el proceso de licitación y ODEBRECHT fue nuevamente la ganadora del concurso. El contrato lo lideró el social cristiano Luis Chiriboga Parra. La obra se mantuvo en suspenso por el cambio de Gobierno y la llegada de Rodrigo Borja a la Presidencia.

En 1989, el Gobierno de Rodrigo Borja retomó las negociaciones para el trasvase. ODEBRECHT vuelve a ganar para la construcción de la Fase 1.

Para 1991, el entonces ministro de Finanzas Jorge Gallardo fue censurado en el Congreso Nacional por, supuestamente, favorecer a ODEBRECHT en la contratación del trasvase a Santa Elena. El Presidente Borja anunció un examen minucioso para detectar si hay sobreprecio. No hubo resultados públicos.

En la presidencia de Sixto Durán Ballén, una de sus primeras acciones fue retomar la negociación con ODEBRECHT para la fase 2. Norberto ODEBRECHT vino al país para la firma del contrato.

La Comisión que auditó la deuda encontró varias irregularidades en la adjudicación y desarrollo de esta obra. La más evidente es un considerable sobreprecio en los acuerdos suscritos y complementarios para la Primera y Segunda Fase del proyecto, en los cuales se suman casi US$100 millones de dólares.

Hidroeléctrica San Francisco

En el 2000, durante el gobierno de Gustavo Noboa, esta obra fue adjudicada por Hidropastaza S.A., representada por su Presidente, Rafael Sevilla Callejas, y el Consorcio ODEBRECHT. El monto del contrato fue de US$286 millones de dólares.

En 2003, empezaron los trabajos, en el gobierno de Lucio Gutiérrez y se invirtieron US$357 millones de dólares en esa obra.

Desde el 2000 hasta el 2006 se firmaron 10 contratos ampliatorios lo que elevó el costo de la obra en US$89 millones de dólares. La Comisión Auditora de la Deuda Externa determinó indicios de acciones ilegales dentro de ese proceso y pidió anular la deuda contraída con el Banco de Desarrollo de Brasil.

En 2007 se entrega la central hidroeléctrica de San Francisco. Un año después se detectaron problemas estructurales en la construcción. En junio se paralizan sus operaciones.

Para el 26 de septiembre del 2008, el Presidente Rafael Correa, firmó el decreto para la expulsión de ODEBRECHT del país. Luego de que la empresa brasileña indemnizara al Ecuador y reparara la hidroeléctrica se permitió el retorno de la constructora al país y en el 2011 volvió a ser contratista con el Estado

 

Vía Interoceánica

Para agosto de 1997, la vía Interoceánica fue uno de los últimos contratos avalados por Sixto Durán Ballén antes de dejar la Presidencia. La prensa de entonces recoge las declaraciones del ex Mandatario quien dijo que la negociación con ODEBRECHT tardó casi tres años y que el financiamiento estaba ligado a un préstamo del Banco de Desarrollo.

El ex ministro de Transporte, Pedro López, firmó el contrato con la Asociación Interoceánica, que está conformada por la empresa brasileña Constructora Norberto ODEBRECHT y por la empresa ecuatoriana Consermin.

La Comisión Auditora sostuvo que el valor inicial del contrato de construcción fue de 80,5 millones de dólares y sufrió un incremento del 110,89 por ciento, lo que elevó el monto total de la obra a 169,9 millones de dólares.

La obra fue desarrollada por la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) para optimizar el uso del agua en los períodos secos y durante el invierno, mitigar los efectos de las inundaciones.

El 15 de mayo de 1998, el CRM comunicó oficialmente que dejó de lado un crédito del Gobierno japonés para la construcción del proyecto. En su reemplazo, aceptó la propuesta de Brasil que ligaba otro préstamo a la contratación de la empresa ODEBRECHT.

El préstamo concedido por Japón era al 2,5% de interés, a pagarse en 30 años con 10 de gracia. Pero, CRM autorizó un préstamo con el banco brasileño al 6% de interés y a un plazo de 14 años. El costo total de la obra fue de 143 millones de dólares, dinero que fue cancelado por el Gobierno ecuatoriano.

Para el 2002, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción denunció a los miembros del Directorio del CRM por la contratación irregular de ODEBRECHT. La denuncia decía que se dejó de lado un préstamo beneficioso para el país, para recibir uno del Banco de Desarrollo brasileño que afectaba los intereses de Ecuador.

La Comisión auditora de la deuda coincidió que existieron indicios de ilegalidad puesto que el CRM, a título de su autonomía, escogió un crédito más costoso que género una pérdida económica para el país. Además, que en ese crédito existieron un conjunto de cláusulas que, de manera abusiva, sometieron a Ecuador a los deseos del prestamista.

Otros casos

Existieron cuestionamientos en la construcción del aeropuerto de Tena, en el gobierno de Lucio Gutiérrez; del proyecto de Riego Carrizal-Chone, en el régimen de Alfredo Palacio, y de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, contratada por el Consejo Provincial de Pichincha, en octubre de 2007.

Actualmente, la Asamblea Legislativa emprende una serie de acciones para investigar “con la mayor celeridad” las responsabilidades en los casos de presunta corrupción que se hayan registrado desde la operación de ODEBRECHT en Ecuador, desde 1987. Entre estas, se resolvió tramitar un juicio político al contralor, Carlos Polit.

La Fiscalía General de la Nación también lleva adelante una investigación sobre el tema y ha ejecutado varios operativos. Carlos Baca, titular de la Fiscalía, ha viajado, por dos ocasiones, a Brasil, junto a un equipo de trabajo para recabar información sobre el tema.

La Fiscalía firmó un Acuerdo de Cooperación Eficaz con ODEBRECHT para obtener información de manera exclusiva sobre el entramado de corrupción. Se trata de un acuerdo en materia penal que permite acceder a todas las evidencias, documentos y demás datos de corroboración para llevar a la justicia a quienes intervinieron en este caso de corrupción transnacional.

“De ninguna manera y bajo ningún concepto este convenio de cooperación concede inmunidad a ninguna persona”, afirmó Baca.

Por su lado, el presidente de la República, Lenín Moreno, y el vicepresidente, Jorge Glas, han ofrecido todo el apoyo a la justicia y la garantía de que esta actúe con independencia en el caso.

 (PP)

Fuente: Agencia Andes

 


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