EXPRESO (Guayaquil) El juicio por plagio abre el gran cisma

2018-06-13 07:36:15 | Política Nacional

Rafael Correa asegura que es una persecución política. Sus seguidores anuncian protestas. El fiscal cree que hay elementos para investigarlo

La defensa de Rafael Correa es política. El expresidente de la República y sus seguidores están seguros que su posible vinculación al proceso que investiga el secuestro del activista Fernando Balda es una "persecución" del actual Gobierno.

Para ellos, no hay argumentos legales o judiciales que valgan. Es más, hasta ahora no se han detenido a discutir los indicios que, según la Fiscalía, han aparecido y que permiten presumir la participación de Correa en los delitos de asociación ilícita y secuestro.

Ayer, vía Twitter, el exmandatario aseguró que el pedido del fiscal de vinculación no tiene ninguna fundamentación, ni se refiere a ningún elemento procesal. “Es decir, primero me ‘vincula’ y luego buscará el porqué. Totalmente inconstitucional, pero cumpliendo las consignas políticas”.

Por la misma vía recibió una explicación: el pedido de audiencia no debe estar motivado, le dijo Felipe Rodríguez, abogado de Balda. Le recordó que en materia penal rige el principio de oralidad. “Solo en audiencia el fiscal debe cumplir con la fundamentación”, añadió.

Las redes sociales fueron el refugio de los correístas en defensa de su líder. ¿Su tesis? Que nadie puede ‘meterse’ con Correa. Según ellos, “el Gobierno de Moreno manipulando el sistema de justicia”. Calificaron de show e infamia al proceso. Aseguraron que “el pueblo ecuatoriano no va a permitir que unos cuantos intenten manchar el nombre de nuestro compañero”.

Menos éxito tuvieron en las calles. En Quito, un pequeño grupo de 10 personas llevaron su protesta hasta el Consejo de Participación transitorio. Gritaron vivas para Correa. En Guayaquil, una veintena de personas llegó hasta la sede de la Asamblea para pedir un pronunciamiento. Mañana harán otro intento de movilización en los exteriores de la Asamblea, en la capital.

Para los correístas es clave el juego de números en el Legislativo para bloquear todo intento de que se vincule al expresidente en un delito calificado como “crimen de Estado” por la Fiscalía.

El pedido de la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho Herold, para que la Asamblea autorice el enjuiciamiento penal de Correa se “conocerá” mañana a las 16:00 en el Pleno. Ella argumenta que Correa ostentaba el cargo de presidente en el periodo en el cual “presuntamente se habría cometido” el delito.

Los correístas esperan que no existan los 92 votos que se necesitan para dar esa autorización. Lo explicó la asambleísta Marcela Aguiñaga en nombre de los 29 legisladores de su bancada. La otra opción es que los legisladores respondan que no son competentes para pronunciarse: para eso solo se requieren 70 votos.

Y esta segunda opción es la que tiene más adeptos. La tarde del lunes, como publicó ayer EXPRESO, la presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, mediante un comunicado, ya adelantó que la Asamblea no es competente para tramitar esta solicitud porque Correa ya no es presidente de la República.

La norma constitucional, dijeron ayer en la oposición, determina que esta autorización “solo cabe” para los mandatarios mientras están en funciones. “La Asamblea debe autorizar el enjuiciamiento penal de aquellos que ejercen las funciones de presidente, no importa si la presunta infracción se cometió cuando él desempeñaba las funciones de presidente”, explicó el asambleísta del PSC-Cambio, Luis Fernando Torres. Eso se resolverá mañana

Por su pedido de vincular a Correa al caso de Balda, el fiscal Paúl Pérez Reina fue descalificado en redes sociales por los seguidores del expresidente.

Ayer el funcionario defendió su decisión. Recordó que desde el inicio de su gestión, hace más de un mes, anunció que no existiría ninguna persecución política ni se iba a dejar en la impunidad ningún delito cometido por personas que hayan ostentado el poder y que en un momento se apartaron de sus actos y del juramento que hicieron de respetar la ley.

Precisó que en las últimas semanas y luego de las investigaciones que ha despachado la Fiscalía se han encontrado elementos de convicción “que se consideran suficientes para realizar la vinculación del expresidente”.

El juicio por plagio abre el gran cisma

Entre esos indicios se citan las versiones de funcionarios que ejercieron atribuciones en la anterior administración y en el anterior régimen. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, Rommy Vallejo hombre de confianza del exmandatario que lo acompañó desde cuando fue ministro de Economía con Alfredo Palacio.

Correa también habría sido mencionado por el exagente Raúl Chicaiza, uno de los procesados. Él se sometió a la cooperación eficaz y ha proporcionado información a la Fiscalía relevante a la Fiscalía.

La pena por el delito de asociación ilícita y secuestro es hasta siete años. En caso de concretarse la vinculación y luego un dictamen acusatorio el juicio solo puede darse con el procesado presente.

Pero el de Balda no es el único caso que persigue al exmandatario. Además es indagado por presunto peculado en los casos Petrochina, deuda pública y el campo Singue. El peculado es imprescriptible y se juzga en ausencia. IGF/RRG/MCV

Versiones

Según la Fiscalía, las versiones de los mismos exfuncionarios apuntan a Rafael Correa. “Se ha establecido la existencia de una orden o de órdenes que se han generado en una cadena de mando”, dijo ayer el fiscal Paúl Pérez.

Viáticos

La defensa de Fernando Balda asegura que los viáticos para los agentes de policía que viajaron a Colombia para ejecutar el operativo de secuestro se pagaron desde la Presidencia. Eso lo confirmó Rommy Vallejo.

UGSI

La Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República (UGSI) fue creada por el expresidente Rafael Correa, según reconoció en su versión en la Fiscalía. Fue para investigar denuncias y amenazas que se formulaban en su contra.

Cronología del Caso Balda

07/09/2009

Salió del Ecuador la tarde de ese lunes y se refugió en Colombia antes que se dicte la prisión en su contra.

05/06/2012

Hubo un primer intento de deportación del entonces miembro de Sociedad Patriótica.

13/08/2012

Fue secuestrado en Bogotá y liberado por el Gaula de ese país, tras la denuncia de taxistas colombianos.

10/10/2012

Fue deportado desde Colombia para cumplir una sentencia por calumnias.

18/01/2018

Fue llamado por la Fiscalía a reconocer la firma de la denuncia de su secuestro.

19/03/2018

Fueron capturados tres exagentes de Inteligencia y recibieron cargos.

08/06/2018

El fiscal Paúl Pérez pide la vinculación de Rafael Correa al expediente.

11/06/2018

La Corte pide autorización a la Asamblea.

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