Existen inconsistencias en los dos procesos abiertos contra Ramiro González, afirma su defensa (AUDIO)

Existen inconsistencias en los dos procesos abiertos contra Ramiro González, afirma su defensa (AUDIO)

2019-04-16 08:20 | Entrevistas

Mencionó que el proceso por tráfico de influencias se abre por un informe de la Contraloría, pero reveló que el documento no menciona a González ni al Consejo Directivo del IESS que lo presidía

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  • Abril 15 - Raúl Rosero
Raúl Rosero, abogado del expresidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ramiro González, aclaró el estatus que mantiene su defendido en Perú. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, el jurista informó que el exfuncionario se encuentra como solicitante de refugio, hace varios meses, en dicha nación. Reveló varias irregularidades en los dos procesos abiertos en contra de su cliente: por fraude tributario que, según explicó, no hay elementos de convicción y "por eso lo metieron en el otro caso", por tráfico de influencias.

“La semana pasada fue aprehendido por la policía peruana sobre la base de una difusión roja solicitada a la INTERPOL por Ecuador. Está detenido y tiene el estatus de solicitante de refugio, hace varios meses. En enero de 2018 entró a Perú de forma regular, es decir, él tiene una permanencia legal en dicho país”, añadió.

Según explicó, este pedido es de tratamiento interno en la diplomacia peruana y no hay plazo de culminación. Puntualizó además, que no se conocía que González tenía el estatus de solicitante de refugio y se emitió la difusión roja. Dentro del proceso para pedir su extradición, se ingresa ya la información sobre el refugio, mencionó.

Para la defensa del Expresidente del Directorio del IESS no es posible que su defendido sea extraditado al país en las próximas semanas porque recién el pasado viernes se inició un proceso de esta naturaleza. Precisó asimismo, que González tiene dos expedientes abiertos en Ecuador: por defraudación tributaria

En el primer caso, especificó: “Ramiro González es casado con Carmen Gaibor, quien fue huérfana desde muy joven. Antes de los 18 años recibió su primera herencia por parte de su madre. En el 2011, Carmen, sus hermanos y su papá vendieron un predio en Sangolquí, era una hacienda que había sido de su mamá y su papá y recibió una fuerte cantidad de dinero”.

Ese cheque, relató, fue depositado en una cuenta del Banco Pichincha y que fue de Gaibor y de González. “Se conoce que las herencias no forman parte de la sociedad conyugal, pero la pareja en mencionó tenía solo dos cuentas, en una de ellas, ese cheque fue depositado por un valor de USD $1 millón 150 mil”.

“Esa información fue comunicada al Secretario de Transparencia el 22 de noviembre del 2011, así como al Servicio de Rentas Internas (SRI). Lo informó por exceso de delicadeza porque al haber estado ejerciendo cargo público, se iba a ver medio raro que, en esa cuenta, ingrese USD $1 millón. Ahí está la confusión del tema porque, una cosa es mantener un ingreso gravado y otra un movimiento financiero”, añadió.

En agosto del 2018, recordó, se inició, “entre gallos y medianoche” una investigación, por pedido del SRI y allanan siete propiedades. Sin embargo, para la defensa del exfuncionario, habría sido mejor que antes de que se denuncie, se indague de dónde o cómo se hicieron estos movimientos. “¿Les parece normal que, en tres días, hagan este proceso?”.

“La intención fue la de presionar a Ramiro González e iniciar una persecución en su contra y la de su familia. Piden una orden de detención para él y su esposa. Ella es detenida, le formulan cargos por enriquecimiento privado no justificado –que no lo llevé yo-. Más adelante, como se dieron cuenta de que este supuesto delito no rige en Ecuador desde 2010, le reformulan por ilícito tributario”, contó.

Sin embargo, comentó, fue sobreseída el 22 de marzo de 2018.

Como se dieron cuenta que con el fraude tributario no llegaban a ninguna parte en contra de González, “se hizo una petición al SRI que le informe si existía un proceso de determinación, pero no contestó si existía o no y lo que hizo es que le notificó el inicio de un proceso de determinación”.

Pasan 11 meses de defensa en este proceso administrativo de determinación, contó, y concluye con un acta de determinación que dice que “Ramiro González no ha dejado de cancelar sus impuestos al fisco”. Esta acta, dijo, se la ingresó a la Fiscalía y se solicitó que desestime el caso y pida el archivo de la investigación.

El jurista señaló que previamente, en abril de 2017, concluyó un examen especial al patrimonio de González, y la Contraloría aprobó el informe, que indica que el incremento del patrimonio es normal. “El incremento del patrimonio es por los impuestos prediales porque los bienes son los mismos”, precisó.

Cuestionó que al no tener elementos para continuar con este caso, “lo meten a uno por tráfico de influencias”, sobre la base de un informe de la Contraloría, pero, dijo, el documento no hace mención de Ramiro González. “En una de sus partes hay un listado que indica los funcionarios que participaron en el proceso, y ahí no está González ni el Consejo directivo del IESS”.

El proceso se abre por haber adjudicado un contrato a una empresa. A la audiencia de formulación de cargos no se le notificó a Ramiro González. “No va nadie a la audiencia y el defensor público, en la audiencia, explicó que no le notificaron a González por lo que pidió suspender la audiencia, pero la juez dijo que no y que continúe la investigación. Ahí lo vinculan y dictan orden de prisión”.

Manifestó que el Directorio del IESS es quien da las resoluciones generales para que el resto de institución la aplique, pero no realiza ninguna contratación. Cuando los vocales del Consejo Directivo, de su momento, rindieron su versión y le dijeron al Fiscal que las decisiones las toman los 3 y por mayoría. Específicamente en la contratación cuestionada, dijeron que firmaron los tres integrantes del Consejo iniciar el proceso.

La defensa de González pidió que la justicia resuelva sin ver nombres. “Hay cientos de declaraciones de nulidad de instrucciones fiscales por no haber sido notificado el procesado. Esto yo alegué a la juez y no aceptó”, finalizó.

(JPM - PP)

EcuadorInmediato.com

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